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El miércoles 13 de noviembre, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal darán a conocer la condena a Cristina Fernández de Kirchner en medio de un show mediático montado para tapar las irregularidades y el mamarracho jurídico de una causa y proceso judicial montado sobre el lawfare, la guerra jurídica.
La condena será de 6 años, publican desde el domingo 10 tanto La Nación como Clarín, dando cuenta de la connivencia mediática entre dos de las aristas de la guerra jurídica, la corporación económica comunicacional y los jueces.
Algunos Detalles:
La fiscalía nunca convocó como testigos ni a los ministros de economía del periodo 2003-2015, ni al personal técnico del sistema nacional de inversión pública, tampoco a algún exlegislador que pudiera corroborar que había sufrido presiones, los que declararon fueron convocados por la defensa. La fiscalía ocultó deliberadamente todos los actos del poder ejecutivo a través de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz.
El relato del lawfare contra Cristina es un cuento que empieza con una primera mentira desde donde se construyen todo el resto de las acusaciones. Acusaciones que la fiscalía sistemáticamente no puede demostrar a lo largo del juicio y que, sin embargo, la defensa mediante pruebas contundentes logra desmentir.
¿Qué dice la fiscalía?
Kirchner y Fernández de Kirchner asignaron partidas ilegales y arbitrarias para obras a Santa Cruz y beneficiaron millonariamente a Báez, se hizo a espaldas del Congreso, se aumentó deliberadamente las partidas presupuestarias: esto es falso.
Todos los testigos como legisladores opositores, ex jefes de gabinete, funcionarios del área de planificación, de la oficina de presupuesto, funcionarios y auditores de la dirección de vialidad nacional, declararon que jamás recibieron directivas o presiones por parte del ejecutivo. Las obras estaban justificadas, el fideicomiso se creó durante el gobierno de De la Rúa.
Quedó demostrado que se redujeron las partidas presupuestarias en vez de aumentarlas, las obras se realizaron y solo se pararon durante el macrismo, los peritos comprobaron que no hubo sobreprecios millonarios y José López, “el señor de los bolsos”, resultó tener más relación personal y comercial con Nicolas Caputo, el amigo del amigo del alma de Macri, que con Néstor o Cristina.
Gregorio Dalbón dialogó con Sandra Russo en am530 sobre este caso de lawfare contra la ex presidenta.
"Yo estoy defendiendo a una persona que no cometió un solo delito y esa es Cristina Fernández de Kirchner".
"Desde el 2012 vienen haciendo una persecución personal y política contra una mujer que es la lidera latinoamericana y la más importante de los últimos 50 años.
"Lo que están haciendo los jueces es consolidando lo que llaman Lawfare".
"Comodoro Py es como un shopping, está todo a la venta y además tiene dueño que es Macri".
"Cristina pone y va a poner el cuerpo siempre porque no se arrodilla ante el poder".
"La causa que se está investigando no tiene ninguna prueba en contra de Cristina Fernández de Kirchner".
La nota completa:
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