Fernanda Vallejos:"Macri usa las cloacas offshore desde la última dictadura"

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejos, le respondió a Patricia Bullrich por cuestionar al jefe de gabinete Santiago Cafiero y apuntó contra el ex-presidente Macri.

Vallejos es también economista y escribió un artículo sobre fuga y evasión de grandes empresarios Argentinos:

En materia de fuga y evasión, Panama Papers seguramente sea la revelación más recordada en nuestro país, entre otras razones, porque expuso que el ex-Presidente Macri y su familia operaban en las guaridas donde ocultan su patrimonio mal habido los delincuentes que lavan dinero y evaden al fisco. Esto, más allá de que Macri venía operando con estructuras offshore desde mucho antes: en 1994, la Cámara Federal Penal de San Martín lo procesó por contrabando, por utilizar una sociedad ficticia, “Opalsen”, constituida en Uruguay, para vender en Argentina vehículos importados, al margen del régimen legal vigente. Antes, durante la última dictadura cívico-militar, el grupo Macri había quedado vinculado con empresas fantasmas en Panamá, las cuales habrían facilitado una operación de autopréstamos y seguros de cambio, que concluyó en que el Estado asumiera la deuda de las empresas del Grupo, estimada en U$S 320 millones de aquella época.

No obstante, junto con Macri, en los Panamá Papers, 270 firmas offshore aparecieron asociadas a la Argentina, y más de 1.200 ciudadanos argentinos fueron identificados como directivos u accionistas en paraísos fiscales. Los casos de dirigentes del entonces partido de gobierno, como Néstor Grindetti, Waldo Wolff, el fallecido Gerónimo Venegas y Claudio Avruj, resultaron resonantes, aunque la presencia de empresarios fue mucho más prominente. Aparecieron Héctor Magneto, la fallecida Amalia Lacroze de Fortabat, Gregorio Perez Companc, Carlos Blaquier, Alfredo Coto, Eduardo Eurnekian, Claudio Bellocopit, entre muchos más.

Más allá del impacto de esa investigación, los antecedentes sobre fuga y evasión, ya tenían historia en el país. Las 4040 cuentas de argentinos, ocultas en el HSBC de Ginebra, son parte de uno de los casos más importantes de evasión de historia de la banca global. Argentina resultó séptimo entre los más afectados, sobre un total de 203 países, por la cantidad de ciudadanos con cuentas “secretas”. La AFIP, entonces conducida por Ricardo Etchegaray, denunció al HSBC por la existencia de “una plataforma ilegal de evasión”. También denunció la participación de “facilitadores”, que generaron una red offshore para impedir el control del fisco, entre los que sobresalió el ex ministro Prat Gay, administrando los U$S 68 millones ocultos de Lacroze de Fortabat. Allí también apareció, entre otros, un patrimonio de más de U$S 7 millones de la familia Rodríguez Larreta, administrado por Alejandro Tawil. Llamativamente, las empresas investigadas por las cuentas del HSBC, coinciden con las señaladas por fugar divisas en el marco de la crisis del 2001, por la comisión investigadora de la fuga y la evasión, que funcionó en el año 2002 en la Cámara de Diputados.

En la causa de 2008, a partir de la denuncia de Hernán Arbizu, grupos económicos locales quedaron nuevamente expuestos como protagonistas de la fuga y la evasión, a través de empresas y de personas propietarias y/o vinculadas (gerentes y directivos). De las 469 cuentas administradas por el JP Morgan, las primeras 200 sumaban US$ 1.501 millones. Al tope de esa nómina se encuentra el grupo Clarín, pero también resaltan Ledesma, Transener, Edesur, Mercado Libre, Bansud, Bunge, Constantini, entre muchos otros.

Esta brevísima reseña sobre uno de los fenómenos más lesivos que sufre de manera sistemática nuestro país, sobre todo, desde mediados de la década del 70, coincidentemente con la imposición del neoliberalismo en la región y la entrada en vigencia del modelo de valorización financiera, resulta ilustrativa de un comportamiento que ha caracterizado a las elites económicas globales, en general, y, domésticas, en particular. A tal punto que, tanto organismos como instituciones internacionales especializadas en este tipo de delitos económicos, señalan que grandes empresas, así como las personas más ricas del país, mantienen alrededor de U$S 500.000 millones de riqueza fugada. Esa riqueza es la que debería estar disponible para el financiamiento de inversiones productivas que apalanquen el desarrollo de la Nación, elevando los estándares de vida del conjunto de la comunidad nacional. Asimismo, el Estado argentino se pierde de recaudar la friolera de U$S 20.000 millones, a causa de la evasión fiscal facilitada por las guaridas fiscales y las estructuras offshore montadas con ese fin, ubicándonos en el tercer puesto del ranking mundial de evasión. Es indiscutible que, por ejemplo, esos recursos serían sumamente relevantes para fortalecer un sistema público de salud de calidad para todos, entre otros bienes públicos que, como reconoció recientemente el francés Emmanuel Macrón, lejos de ser un gasto, son bienes preciosos para la sociedad y, por ende, una inversión prioritaria para el Estado.

En estos tiempos excepcionales, signados por la pandemia del coronavirus, cuando el orden mundial neoliberal y las instituciones que lo sostuvieron parecen resquebrajarse, impotentes para responder dentro de las lógicas que han imperado en las últimas 4 décadas, poniendo en cuestión los paradigmas hasta ayer dominantes sobre el funcionamiento de la economía y el rol del Estado, esta tradición de la fuga y la evasión, tiene que terminar.

El Estado, y la política, tan vapuleados por aquellos sectores que preferirían seguir manteniéndose al margen de su control, tienen (tenemos) un rol crucial que jugar en ello. Deberemos alumbrar un nuevo orden, con nuevas reglas de juego que institucionalicen el fin de las desigualdades sofocantes, tales como la de consumidores que contribuyen con el IVA, o trabajadores que hacen lo propio con el impuesto a las ganancias, mientras los sujetos con mayor capacidad contributiva se valen de marañas contables, jurídicas y financieras para evitar poner lo que les corresponde. Y debemos hacerlo no sólo porque la crisis sanitaria, económica y social derivada del coronavirus, exige la solidaridad de esas elites, sino porque, cuando pase la tormenta, debemos parir un país mejor.