UATRE:La justicia allanó el ministerio de Trabajo donde también recauda Karina Milei

La causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sigue extendiendo sus tentáculos hacia el corazón del poder libertario. El juez Sebastián Casanello ordenó este viernes un allanamiento en la Secretaría de Trabajo en el marco de una investigación que compromete de lleno al secretario Julio Cordero y al diputado de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni. Ambos aparecen señalados por maniobras irregulares para intervenir Osprera, la obra social de los trabajadores rurales de la UATRE, una de las cajas sindicales más jugosas del país.

El operativo, pedido por el fiscal Guillermo Marijuan, apunta a obtener toda la documentación que la cartera laboral envió a la Justicia al inicio del expediente. La acusación es pesada: abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público contra un funcionario clave del gabinete de Javier Milei.

El trasfondo es la interna feroz dentro de la UATRE. Su secretario general, José Voytenco, denunció en febrero que Cordero, Ansaloni —derrotado en las elecciones sindicales de 2022—, Claudio Aquino y Marcelo Petroni armaron un plan para desplazar a la conducción del gremio y quedarse con el control de la obra social. Petroni fue designado interventor en noviembre y desde entonces autorizó transferencias por 7.700 millones de pesos hasta marzo de este año. En enero, nada menos que 101 movimientos millonarios.

Las pruebas que reunió Marijuan son demoledoras: visitas constantes de Ansaloni al despacho de Cordero y mensajes de WhatsApp del propio Petroni en los que se jacta de ser parte del círculo íntimo del oficialismo. “Nosotros somos Lule y Karina”, escribió, aludiendo a Eduardo “Lule” Menem y a la hermana del presidente. El nexo entre negocios privados y el poder político queda, así, a la vista.

En el centro de la operatoria aparece la droguería Suizo Argentina, la misma que ya había saltado en la causa de las coimas en la ANDIS. Y no es el único escándalo: también figura un contrato con HTech Innovation SA, una empresa creada en 2024 por un socio de Martín Menem, Sergio Aguirre, que debutó facturando millones exclusivamente a Osprera. Una postal del capitalismo de amigos versión libertaria: intervenir un gremio para justificar una “crisis” y, desde allí, abrir la caja para negocios a medida.

El caso pone en evidencia cómo la Casa Rosada utiliza el aparato del Estado para disciplinar sindicatos, desplazar conducciones incómodas y favorecer a empresarios amigos bajo la cobertura de supuestas reformas. La intervención de la obra social rural no fue un acto aislado: es parte de un patrón donde la motosierra se convierte en una excusa para abrir nuevos canales de corrupción.

Mientras Milei intenta tapar el escándalo hablando de “operaciones”, la Justicia avanza sobre un entramado que mezcla poder político, sindicalismo intervenido y negocios privados de magnitud sideral. Una historia que, lejos de cerrarse, amenaza con convertirse en el Watergate libertario.