Masiva protesta en la Quinta de Olivos en contra del ajuste a discapacidad

Además de no entregarle alimentos a las organizaciones sociales, el gobierno de Javier Milei intenta desregular las prestaciones y los tratamientos destinados a personas con discapacidad, que hasta ahora son sostenidos por el Estado y las obras sociales.

Alertados por esta posibilidad, cientos de familiares, educadores y acompañantes terpéuticos se movilizaron hasta la Quinta de Olivos para ponerle freno a esa medida.

La masiva protesta tuvo también lugar en distintos puntos del país, como Rosario (Santa Fe), Tucumán, Río Cuarto, Alta Gracia y Villa María (Córdoba), Mendoza, San Juan y Salta. También en distintos puntos del conurbano bonaerense.

“Respetemos a todos/ No a la desregulación”, “No somos un gasto innecesario, tenemos los mismos derechos que cualquier persona”, “No a la desregulación de las prestaciones básica de discapacidad”, fueron algunos de los mensajes escritos en las decenas de carteles desplegados frente a la Quinta Presidencial.

La voluntad de hacer recortes en los servicios de discapacidad fue tema sobre el cual Milei fue cuestionado durante la campaña. En más de una oportunidad, él negó que tomaría medidas perjudiciales para el sector pero, sin embargo, el desfinanciamiento se hizo realidad.

Lo que las organizaciones y asociaciones movilizadas a la residencia presidencial alertan es el inminente dictado de una medida que establece que los organismos públicos y empresas que por ley 24.901 financian las prestaciones fijarán aranceles “que les parezca o convenga” de manera unilateral, discrecional e independiente de la realidad de cada familia.

 Esto quiere decir que las personas que reciben tratamiento podrían pagar costos que no contemplen su situación económica y, por lo tanto, quedar afuera de los servicios que reciben.

“Además de la desigualdad que esto implica, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200 mil personas con discapacidad”, advirtió el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad, que aúna a organizaciones y asociaciones del sector.

Lo que se demanda es que el Gobierno no renuncie a su responsabilidad en establecer un nomenclador único de costos, donde todas las prestaciones puedan tener valores equilibrados y posibles de ser cubiertos tanto por las familias como por el Estado, las obras sociales y las prepagas.

 “La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello”, explicó a través de un comunicado.