Cristina Fernández podría recuperar los documentos históricos que fueron secuestrados hace dos años en un allanamiento que se realizó en su domicilio de la ciudad santacruceña de El Calafate.

Se trata de una carta original que el general José de San Martín había enviado al militar chileno Bernardo O'Higgins y un prontuario policial del ex presidente Hipólito Yrigoyen que, por el momento, continúan en custodia del Archivo General de la Nación luego de la decisión del fallecido juez Bonadio.

Por la posesión de esos documentos, Bonadio había procesado a la líder de Unidad Ciudadana por el presunto delito de "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos", sin embargo en el proceso la actual Vicepresidenta de la Nación explicó que la Carta de San Martín fue un regalo del Presidente Ruso Vladimir Putin, durante una reunión en ese país en abril de 2015, mientras que el prontuario de Yrigoyen le fue entregado por un allegado a un cura del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

Habida cuenta de lo demostrado por la vicepresidenta de la Nación, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a la ex jefa de Estado de esa causa iniciada por Bonadio. Según publicó Noticias Argentinas, ambos documentos continúan en custodia del Archivo General de la Nación (AGN), conservados en el edificio de Alem 246, a escasos metros de la Casa Rosada.

Trás haber sido sobreseída en la causa, Cristina podría reclamar que le devuelvan ambos documentos para que regresen a su casa de El Calafate o entregarlos como una donación o en custodia temporaria a algún organismo que garantice la conservación. Según lo establece la ley 15.930 en su artículo 20, "los poseedores de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los mismos, siempre que los mantengan en condiciones que garanticen su conservación". Además, plantea la posibilidad de que puedan "entregarlos en depósito y custodia al Archivo General de la Nación o a un archivo general provincial, en las condiciones que se estipulen, inclusive la de no ser consultados sin autorización de sus propietarios".