En el mes de diciembre el programa Data Clave había hecho públicos audios de la hermana del diputado libertario Beltrán Benedict, Asunción, donde revela que los planes para liberar a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad viene desde hace tiempo pero se retrasó cuando se hizo pública la visita de diputados al penal de Ezeiza.
Más allá de la ley que prohíbe indultar genocidas, según Mauro Federico, la confirmación del indulto sería anunciada por un tema de revanchismo con Victoria Villarruel.
El indulto podría ser anunciado el 24 de marzo cuando se cumplan 50 años del inicio de la última dictadura cívico militar de la Argentina.
Pero el caso expuesto por el periodista no sería el único según cuenta la hija de un genocida que ya fue liberado por la Justicia.
"A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976, el presidente Javier Milei evalúa la posibilidad de avanzar con un indulto presidencial para condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, mas allá de la existencia de una ley desde 2015 que prohíbe expresamente hacerlo", comentó el periodista Mauro Federico.
El portal LPO también publicó una nota sobre el tema y confirma la data del periodista Mauro Federico
En la Casa Rosada trabajan por estas horas en un anuncio de alto impacto político: que el presidente Milei firme el indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad el próximo 24 de marzo, cuando se cumplen los 50 años del último golpe de Estado.
La decisión final no está tomada, pero la orden fue de avanzar en el estudio de los aspectos legales, políticos y comunicacionales. No es la primera vez que el entorno de Milei juega con esa idea. Ya en la campaña presidencial la ahora vicepresidente Victoria Villarruel la deslizó en diálogos con familiares de genocidas detenidos. Ahora la idea busca correr el foco de la crisis productiva que sufre el país y de paso pelearle el voto militar a la vice.
Actualmente hay 539 represores detenidos de los cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario, según la actualización trimestral de las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que depende del Ministerio Fiscal.
El gobierno se tienta así con apelar a una decisión de alto impacto para tratar de desviar la conversación pública del difícil contexto económico que golpea a la gestión con la inflación subiendo, la recesión que se profundiza y el cierre de fábricas que empieza a impactar con mayor fuerza en el empleo registrado.
