Susana Giménez es la figura que se negó a pagar 50 millones de pesos en el 2019 en impuestos y que hoy debe 250 millones, reveló Jorge Rial en su programa Argenzuela de C5N.

El periodista Mauro Federico amplió la información"Lo anticipamos hace un mes, hoy es una causa judicial en el juzgado penal comercial 5. La denuncia penal es por negarse a presentar la declaración jurada de Bienes Personales del 2019, paso previo indispensable para pagar el impuesto", informaron.

La deuda es de 50 millones de pesos por la propia DDJJ de patrimonio de Susana Giménez. Ella decía que la reforma de fines del 2019 es confiscatoria y por eso se negó a pagar. Presentó una cautelar por inconstitucionalidad, la cautelar fue rechazada y Susana Giménez apeló.

La apelación caducó y la AFIP inició la demanda en la justicia penal económica. Se sorteó y recayó en el Juzgado 5 a cargo del doctor Diego Amarante.

En el año 2019 ella dejó impaga una DDJJ, ese monto era 50 millones de pesos de acuerdo a la AFIP. A eso hay que sumarle los intereses que duplican el valor. Se iría a 100 millones, pero además hay que sumarle la multa acumulada, la multa triplica la suma original, 150 millones y en total son 250 millones de pesos. Son u$s1.800.000.

Antes ella pidió un plan de pagos pero en este caso apeló a la justicia. Le dijeron que tenía que pagar y ella se negó. Si no paga el Juez puede imputar a la denunciada y llamarla a declarar. De no presentarse podría ser convocada por la fuerza pública, si no está en el país se libran las alertas de Interpol.

Susana rechazó el monto exigido y aseguró que no hizo “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco”. Por el contrario, interpretó que el impuesto es “confiscatorio”.

AFIP rechazó la postura y avanzó con la denuncia penal, recordando que “el Régimen Penal Tributario establecido en el artículo 279 de la Ley 27.430 prevé en su artículo 1º la pena privativa de libertad para aquellos sujetos que evadan fraudulentamente el pago de los tributos nacionales, siempre que el monto evadido exceda la suma de un millón quinientos mil pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual”.

 
La pena para estos delitos va de los tres años y medio a nueve años de prisión.

Según el organismo público, Susana debe $50.377.401,90, más intereses al tiempo que advirtió “un actuar doloso tendiente a evitar el ingreso de las cargas tributarias correspondientes, afectando así el bien jurídico tutelado: el erario público”.